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A finales del mes de agosto, para un buen número de analistas en forma sorpresiva, el Gobierno mediante un Real Decreto-Ley incorporaba provisionalmente a nuestro ordenamiento una norma largamente demandada por todos aquellos preocupados por la mejora de la gestión pública en nuestro país y que constituía uno de los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024): la regulación de la actividad de influencia en...

La sociedad actual exige que el poder público establezca normas, pero también, y sobre todo, que garantice su cumplimiento. La Administración pública desempeña aquí un papel clave en la gestión del interés general y, para poder cumplirlo con eficacia, el ordenamiento le reconoce una posición singular frente al resto de sujetos: la autotutela administrativa. Una potestad que le permite actuar con agilidad, siempre dentro de los límites y garantías que protegen a los ciudadanos.

Pocas figuras de la contratación pública representan una contradicción tan evidente como el contrato menor. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) lo configuró como un instrumento excepcional, pensado para atender necesidades puntuales y de escasa cuantía que sin embargo pusiera freno al mal uso que del mismo se había hecho hasta ese momento.

El panorama de la contratación temporal en las Administraciones Públicas españolas atraviesa un momento de tensión sistémica sin precedentes. Lo que nació como una herramienta de gestión para cubrir necesidades urgentes se ha cristalizado en un laberinto de interinidad crónico, donde la precariedad no es el accidente, sino el método.

A lo largo de estos meses en este blog hemos mostrado nuestra sorpresa por la situación de las indemnizaciones a aquellos trabajadores temporales que pudieran haber sido objeto de abuso de temporalidad (aquí). Y una situación sin perjuicio de lo anterior, la de abuso de temporalidad que es al fin y a la postre la que es causa de dicha indemnización, respecto de la cual también nos hemos mostrado críticos tal cual está siendo concebida (aquí).

Tabla de Contenidos Toggle Es lógico que al recibir una notificación de la Administración surjan dudas, sobre todo si se trata de un trámite de audiencia; sin embargo, se trata de un paso habitual en muchos procedimientos administrativos. Su objetivo es garantizar que las personas interesadas puedan conocer el expediente y expresar su opinión antes de que se adopte una decisión definitiva.

En este blog hemos mostrado, en distintas ocasiones (aquí y aquí), nuestra preocupación por los métodos de selección habitualmente utilizados en el sector público. Específicamente nos hemos referido a su relativa obsolescencia para predecir el rendimiento futuro de los empleados públicos. Puede decirse perfectamente que es un escenario recurrente en la administración pública: un aspirante obtiene una excelente calificación en un examen de conocimientos, demostrando un dominio absoluto del temario.

En una anterior entrada yo mismo califique a esta célebre resolución jurisdiccional del TJUE, la denominada sentencia Obadal, como un cataclismo que ponía en jaque al uso de la temporalidad en el empleo público. No me equivoqué. Más que por lo que la propia resolución jurisdiccional dice por las expectativas creadas en torno a dicho pronunciamiento.

Tabla de Contenidos Toggle 1. Introducción: El Laberinto de la Interinidad Para miles de empleados públicos en España el día a día transcurre en un laberinto de incertidumbre jurídica. Tras décadas de parches normativos, y de un rosario de pronunciamientos judiciales, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), conocida como la sentencia Obadal, ha caído como un auténtico golpe al tablero que obliga al sistema español a empezar de cero.

En nuestro sistema de gobierno local, y más en concreto en las relaciones que mantiene el Alcalde con el Pleno, el orden del día de las sesiones suele percibirse en más de una ocasión como el tablero donde se libra la batalla política. Con excesiva frecuencia se cae en el error de creer que quien ostenta el bastón de mando —la Alcaldía— tiene una potestad absoluta para decidir de qué se habla y, sobre todo, de qué no se habla.