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Del 100 % al 75 %. Sobre el papel, un simple ajuste de porcentajes. En la práctica, para el Tribunal Supremo, una modificación unilateral que ninguna empresa puede imponer sin el consentimiento expreso del trabajador afectado. La Sala de lo Social ha anulado la decisión del Grupo Real Automòbil Club de Catalunya (RACC) de recortar el teletrabajo de los empleados con discapacidad que no dieron su visto bueno al cambio.

Empecemos por el final, que es donde de verdad se entiende un informe como este. Cuando uno cierra las 30 páginas del capítulo español del Informe sobre el Estado de Derecho 2026 —firmado por la Comisión Europea en Bruselas el pasado 17 de julio— la conclusión se impone sola: España es un país que aprueba planes a espuertas y los cumple a cuentagotas. Legisla mucho. Ejecuta poco. Y esa brecha, la que separa el papel del hecho, recorre el documento de principio a fin como un hilo rojo.

Bruselas ve progresos. Hay Derecho ve papel mojado. Entre ambas lecturas se mueve el séptimo Informe sobre el Estado de Derecho que la Comisión Europea publicó este viernes, un documento que vuelve a poner a España bajo la lupa comunitaria y que, una vez más, divide las interpretaciones entre el optimismo institucional y la cautela de la sociedad civil.

Manuel Marchena, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, impartió el pasado lunes una ponencia memorable titulada La participación ciudadana en la Administración de Justicia: acción popular y jurado. Fue en el marco de los cursos de verano CEU-María Cristina y específicamente en el curso «Justicia y Estado de Derecho», que dirigió Alfonso Martínez-Echevarría, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del CEO, y coordinó el doctor Nicolás Marchal.

La independencia judicial no puede ser una convicción cuando juzga al adversario y una sospecha cuando alcanza al poder. Hay muchas formas de erosionar el Estado de Derecho. Una de las más peligrosas consiste en respetar a los jueces únicamente cuando sus resoluciones coinciden con nuestros intereses. La sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, constituye una prueba de madurez institucional.

«Vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es» — Charles Evans Hughes, discurso en Elmira, Nueva York, 3 de mayo de 1907. Tres capitales, una misma escena.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 150.000 euros a la empresa ACVIL Aparcamientos S.L.U., debido al golpe que recibió el coche de uno de sus clientes mientras estaba estacionado. Y es que la empresa, tras este alcance, se negó a proporcionar al afectado los datos de las cámaras de seguridad, vulnerando su derecho al acceso, y borrando las imágenes del altercado antes de tiempo. Los accidentes y pequeños golpes aparcando son de lo más frecuente.

Quince años construyendo jurisprudencia. Cero garantías de cobrar por ello. Así resumen su situación los abogados especializados en litigación de consumo, un colectivo que durante más de una década ha sostenido —muchas veces en solitario, casi siempre a riesgo y ventura— buena parte del litigio masivo contra la banca en España. Cláusulas suelo, gastos hipotecarios, IRPH.

El coronel José Daniel Baena, cuyo nombre figuraba en la «libreta azul» de la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, vincula sus reuniones con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a la fuga de información sensible sobre su labor investigadora y reclama la condición de perjudicado directo en el ‘caso cloacas’.

Ocho años. Ochenta y tres prórrogas de un secreto que la ley pensó para durar un mes. Un informe de la Guardia Civil que exculpa a los investigados y que tarda meses en salir del cajón. Y una competencia territorial que descansa, según denuncian las defensas, en un correo electrónico encontrado casi por casualidad. La causa que instruye el magistrado Rubén Rus Vela en Tarragona —con la fiscal Carmen García Cerdá al frente de la acusación desde Anticorrupción— no es una causa cualquiera.