Centro Latinoamericano de Investigación Periodística

El sitio identificado cubre alrededor de dos hectáreas junto a un cementerio existente en La Esperanza, un pueblo cercano a La Guaira, en la costa norte del país en la parroquia Carayaca. Un equipo de esta alianza también visitó el Cementerio La Esperanza y constató un intenso movimiento de maquinaria, personal y camiones refrigerados que, según residentes, transportaban cuerpos desde dos días después del terremoto.

El 28 de noviembre de 2023, los defensores ambientales de Panamá lograron algo único: frenar una mina a cielo abierto ubicada en un corredor biológico protegido. Tras unas protestas inéditas, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que extendía la concesión de extracción de cobre y otros metales a la filial local de la empresa canadiense First Quantum Mineral. La noticia corrió con festejos por todo el país.

Cuando el presidente panameño José Raúl Mulino anunció su intención de reabrir Cobre Panamá, la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, Raisa Banfield, arquitecta y una de las voces más visibles del movimiento ambientalista en Panamá, supo que volverían los ataques contra ella. Basta con escribir en redes sociales una crítica a la minería para activar un mecanismo de linchamiento digital. Le reprochan que use productos fabricados con minerales.

El video tiene un título provocador y en letras mayúsculas: “SINIESTRO PLAN SECRETO para DIVIDIR MÉXICO Y CONQUISTARLO: ÉLITE GLOBAL busca REVOLUCIÓN INDÍGENA”. Durante poco más de 36 minutos, el hombre que aparece en la pantalla afirma que México está a punto de desaparecer por el “falso indigenismo que ha destruido a naciones enteras”.

En su patio nuevo, en un país lejano y frío, Reynaldo usa el poco tiempo libre que le queda para cultivar la tierra. «Donde sea que vayamos, nosotros vamos a producir», dice. Es la segunda vez que lo vemos con su familia lejos de su comunidad, huyeron de un conflicto minero que primero se ensañó con ellos en redes sociales y que después escaló con el asesinato de tres defensores del río Guapinol, al norte de Honduras, y uno de sus hermanos.

Saracho cree en la colectividad y en la defensa del lugar que habita, por eso en San Pancho conformó Alianza Jaguar, para defender esta especie en peligro de extinción y, junto con otros activistas creó la RedMAS, que agrupa a múltiples colectivos que lo mismo hacen talleres de composta, que se organizan para defender el medio ambiente. El 11 de marzo de 2026 ocurrió un ataque que generó temor e incertidumbre en la comunidad.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala concluyó en septiembre de 2018 que el Ministerio de Energía y Minas había entregado licencias de explotación de la mina Escobal, violando el derecho del pueblo Xinka a ser consultado previamente de manera libre e informada sobre el proyecto, como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un tratado internacional firmado por Guatemala que protege los derechos de los pueblos originarios.

En la turbulencia de una protesta, dos hermanos desenfundan sus machetes. Se amenazan el uno al otro. Sólo la intervención del padre impide que el alegato escale a tragedia. El motivo es un profundo desencuentro: uno defiende a los vecinos que permiten a la Minera de Cobre Quebradona realizar labores de exploración en la vereda. Otro integra la resistencia de la comunidad que exige detener todo trabajo en la región, en tanto el proyecto no cuente con licencia ambiental.

En septiembre de 2025, la organización de defensa de activistas climáticos Global Witness publicó un informe con números muy desafortunados para América Latina. El reporte encontró que, en 2024, 146 ambientalistas fueron asesinados o desaparecidos en todo el mundo. El 82% de ellos, es decir 117, fueron asesinados en América Latina. Cinco de los seis países en los que se registraron más asesinatos hacen parte de nuestra región: Colombia, Guatemala, México, Brasil y Honduras.