La Vida de Nos

¿De dónde viene la solidaridad del sobreviviente? ¿Qué supone para una sociedad estar desasistida en medio de una urgencia? ¿Qué pasa cuando los días transcurren y la tragedia permanece? ¿Qué rol juega la comunidad en la reparación del daño emocional? A dos meses de los terremotos del 24 de junio, el psicólogo y escritor Manuel Llorens reflexiona en este ensayo sobre los temas que a su juicio no deben perderse de vista en el futuro inmediato.

Especial de datos Los niños, niñas y adolescentes han estado ausentes del discurso oficial. Ante la gran pregunta de quiénes y cuántos son los afectados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, hicimos un cruce de datos de 11 plataformas ciudadanas de búsqueda, 2 plataformas oficiales de atendidos en hospitales, reportería de campo, entrevistas telefónicas a decenas de familiares y verificación digital en fuentes confiables. He aquí una aproximación a lo que encontramos.

En 2018, Mónica Guzmán migró de La Guaira, Venezuela, a Pereira, Colombia. Allá estaba el 24 de junio cuando se enteró de que un doble sismo había devastado su ciudad. Horas después supo que sus familiares salieron ilesos. Pero a los días, comenzó a soñar que estaba en medio de un terremoto. Una pesadilla que, el lunes 10 de agosto, se le hizo realidad.

A contrapelo del discurso oficial, reporteros constataron —y ciudadanos dejaron ver a través de mensajes en redes sociales— una dura realidad: luego del doble terremoto del 24 de junio, a muchas zonas de La Guaira no llegó maquinaria pesada para remover escombros. Esta compilación de historias muestra lo que tuvo que hacer la gente para tratar de rescatar a sus allegados. FOTOGRAFÍAS: GABRIEL HERNÁNDEZ La escena es inusual, rara.

La sociedad civil, grupos de apoyo y organizaciones internacionales se han abocado a ofrecer a niños, niñas y adolescentes espacios de contención y entretenimiento en refugios tras los terremotos del 24 de junio. Los acompañan, de distintas maneras, en el duelo que atraviesan. Expertos explican que son espacios de protección que a la vez le permite a esta población gozar de derechos que no pueden quedar suspendidos, ni siquiera en medio de esta emergencia.

En 1999, Lublarys Briceño era una niña. Vivía en Vargas —ahora llamado estado La Guaira— cuando ocurrió el deslave de diciembre de aquel año. Se fue pero volvió para hacer una vida allí. Se graduó, se casó, formó un hogar. Un hogar que, el pasado 24 de junio, se estremeció para devolverla a sus recuerdos de infancia. FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR / GABRIEL HERNÁNDEZ Llovía. No era una garúa suave, tampoco un aguacero de esos que pronto dan paso al sol.

Jesús Alambrino se mudó de La Guaira a Bejuma, estado Carabobo, luego de la vaguada de 1999. Pero allí, en la urbanización Las Quince Letras de Macuto, siguieron viviendo una tía —su madrina— y unos primos a los que quería como hermanos. El edificio donde estaba su apartamento se desplomó con los terremotos del 24 junio. Para rescatarlos, Jesús recorrió, por dos semanas, los 174 kilómetros que hay entre Bejuma y La Guaira.

Cuando Pepe Bohórquez falleció, su casa quedó con una serie de falencias que ahora, 17 años después, todavía su familia no ha podido reparar. Tienen la esperanza de mudarse, pero no han podido lograrlo. Esta historia transcurre en Zulia, en el occidente de Venezuela, donde en 2020 la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida reportó que el 15 por ciento de las viviendas son inadecuadas y 70 por ciento de los hogares tienen déficit de servicios públicos.

Millones de venezolanos habitan en casas inadecuadas, vulnerables, presos en lo que expertos definen como “déficit cualitativo de vivienda”. Antes de la Gran Misión Vivienda, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor nació para mejorar las condiciones de habitabilidad de las casas. La casa es nuestro rincón del mundo. Si nos preguntaran cuál es el beneficio más precioso de la casa, diríamos: la casa alberga el ensueño, protege al soñador, nos permite soñar en paz.

El Colegio de Abogados de Caracas envió una carta a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía solicitando que los organismos del Estado den respuestas a las familias que no logran hallar a sus niños, niñas y adolescentes afectados por los terremotos. La misiva recuerda que son prioridad absoluta, e insiste en que los padres no pueden quedarse sin un cierre al proceso que atraviesan.