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El doblete sísmico del pasado 24 de junio golpeó al sistema educativo del estado La Guaira. Algunos planteles presentaron daños reparables y otros enfrentan una compleja realidad marcada por el colapso de sus instalaciones y la necesidad urgente de recursos para iniciar su reconstrucción. Uno de los casos más emblemáticos es el del colegio Madre Emilia, ubicado en Maiquetía, en el que los daños obligan a una intervención de gran magnitud para recuperar sus espacios.

Los daños ocasionados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio continúan golpeando al sistema educativo del estado La Guaira. Aunque varios planteles han logrado reabrir sus puertas para recibir a los estudiantes, otros enfrentan una compleja realidad marcada por el colapso de sus instalaciones y la necesidad urgente de recursos para iniciar su reconstrucción.

Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Venezuela enfrenta una “catástrofe” que agrava las vulnerabilidades de la población y profundiza la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta al país desde hace años. De acuerdo con un comunicado difundido el pasado 17 de julio, alertan que la situación empeoró tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

El doblete sísmico que sacudió al país el pasado mes de junio dejó al descubierto mucho más que el movimiento de las placas tectónicas en la región centro-norte de Venezuela. Al colapso temporal de subestaciones y la interrupción del servicio eléctrico en la Gran Caracas y La Guaira, le siguió la narrativa oficial de la contingencia y la respuesta rápida.

Alejandro Puglia es un especialista en finanzas e inversiones que en julio de 2026 fue designado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), organismo encargado de promover inversiones y acompañar proyectos estratégicos del Estado venezolano. Antes de llegar a la administración pública, Puglia desarrolló parte de su carrera en el sector financiero internacional.

Desde las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol, exhortó formalmente a la administración de Donald Trump a dar un viraje en su política hacia Venezuela. La jurista solicitó al gobierno estadounidense rectificar su apoyo al interinato de Delcy Rodríguez y respaldar, en su lugar, la instalación de una junta de gobierno como la auténtica salida institucional.

El panorama del sector comercial después del doblete sísmico en Caracas y La Guaira refleja una realidad compleja y con distintos niveles de afectación. Locales con daños parciales hasta edificaciones que se derrumbaron por completo forman parte del balance tras los movimientos telúricos del pasado 24 de junio.

La cifra de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron en mayor medida a La Guaira, ascendió a 5069 personas, según datos difundidos vía Telegram el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. De acuerdo con el parte oficial correspondiente al 17 de julio, la cifra de personas heridas y rescatadas se mantiene en 16 740 y 6492, respectivamente. Hasta la fecha de este balance, 128 324 familias han sido atendidas y 17 907 perdieron su vivienda.

En los últimos años he insistido en dos ideas sobre Venezuela, cuya muy dolorosa experiencia me las confirma. Mis aproximaciones eran teóricas, sin que dejase de estimarlas como reales. No eran simples hipótesis. Una es la desmaterialización constitucional de la república. A raíz de la saga que inaugura Hugo Chávez Frías (véase nuestra Historia inconstitucional de Venezuela, 2012) aquélla se hizo hiperbólica a partir de 2013.

La cifra de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio, que afectaron en mayor medida a La Guaira, ascendió a 5069 personas, según datos difundidos vía Telegram por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. De acuerdo con el parte oficial correspondiente al 17 de julio, la cifra de personas heridas y rescatadas se mantiene en 16 740 y 6492, respectivamente. Hasta la fecha de este balance, 128 324 familias han sido atendidas y 17 907 perdieron su vivienda.