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La parte actora promovió una demanda contencioso administrativa contra la resolución del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) que le impuso una sanción —previo sumario— por la construcción de una estación de servicios sin la autorización correspondiente. Inicialmente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, rechazó la pretensión del accionante, confirmando la validez y regularidad del acto administrativo.

La parte actora promovió una demanda contencioso administrativa contra la resolución dictada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) que declaró como bien de valor patrimonial cultural al inmueble denominado “Casa Kostianovsky”. Inicialmente, el Tribunal de Cuentas rechazó la demanda, confirmando la validez y regularidad del acto administrativo.

La parte actora promovió una demanda indemnizatoria por daños y perjuicios contra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Estado paraguayo. El reclamo se originó a raíz de un incendio ocurrido en un inmueble destinado a depósito y local comercial, bajo el argumento de que el siniestro habría sido causado por una falla en la red eléctrica de la ANDE.

Los actores promovieron una demanda indemnizatoria directamente contra el Estado paraguayo, alegando supuesta privación ilegítima de libertad y torturas sufridas durante la dictadura, bajo el régimen de la Ley N.° 838/96 y sus modificatorias. ​Inicialmente, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial hizo lugar parcialmente a las pretensiones de los accionantes.

La parte actora promovió una demanda indemnizatoria contra el Estado paraguayo alegando haber sido sometido a un proceso penal del cual resultó sobreseído. En el marco del proceso, la Procuraduría General de la República (PGR) denunció la caducidad de instancia bajo los siguientes argumentos: – Al no haber realizado la parte actora las diligencias necesarias para impulsar el proceso hacia el dictado de una sentencia definitiva, queda en evidencia el abandono de la instancia.

Durante el Informe Presidencial 2026, presentado ante el Congreso de la Nación, el presidente de la República Santiago Peña destacó los logros obtenidos en su tercer año de gestión, entre los que resaltan los alcanzados por la Procuraduría General de la República (PGR): ▶️ Ahorro de G. 838.436.123.461 en resoluciones favorables para el Estado paraguayo. ▶️ Fallo favorable que ordenó el pago de G.

Este histórico encuentro concluye dejando una hoja de ruta clara para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de transformar al país en un referente global en la materia. El Paraguay reafirma su compromiso en salvaguarda de la seguridad jurídica, apuntando a ser protagonista en el mundo del arbitraje internacional.

Tras una exitosa primera jornada de debates, continuamos en el Gran Teatro del BCP profundizando en el lema que nos convoca: «La Modernización del Arbitraje en Paraguay». ​Con una agenda cargada de paneles de alto nivel, en este segundo día los expertos siguen analizando los desafíos y proyecciones de la materia, lo que refleja el gran interés de la comunidad jurídica en este proceso de transformación y vanguardia que vive el país.

La primera jornada académica arrancó con fuerza, enfocada en analizar a fondo los cambios, desafíos y oportunidades que trae consigo el nuevo marco normativo de la Ley N.º 7561. ​En este espacio, destacados especialistas nacionales e internacionales compartieron sus perspectivas con el propósito de debatir, actualizar conocimientos y proyectar el rumbo de la práctica arbitral en nuestro país y el mundo.

El presidente de la República, don Santiago Peña, dio apertura al acto ante la presencia de altas autoridades nacionales, académicos y el gran público asistente. ​El congreso es organizado por la Procuraduría General de la República (PGR), la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República y La Ley Paraguaya, y se lleva a cabo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (BCP).