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La Oficina de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo pospuso por tercera ocasión el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la Operación Panthera. La decisión responde a la inclusión de un octavo implicado, Alexander Henríquez Castro, en el expediente, así como por la presentación de nuevas pruebas por parte del Ministerio Público.
La imposición de prisión preventiva como coerción a personas en conflictos con la ley ha acaparado especial atención pública en los últimos días, cuando actores del derecho penal, incluida la propia procuradora general, cabeza del ministerio público, han estado advirtiendo sobre el abuso que se hace de ese dictamen.
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