El Gobierno ultima la transposición de la Directiva (UE) 2020/1828 sobre acciones de representación, una norma que busca reforzar los mecanismos de defensa colectiva de los consumidores frente a abusos empresariales. Una reforma de gran calado, que llega tras años de litigios masivos en materia hipotecaria, de tarjetas o de productos financieros complejos, y que pretende dotar de mayor coherencia y eficacia a las reclamaciones colectivas.
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