E. Barba

El acuerdo permite dar por concluida la controversia planteada en torno a la norma andaluza y evita trasladar al Tribunal Constitucional unas diferencias que, como defendió la Junta de Andalucía desde el inicio del procedimiento, se circunscriben a cuestiones de carácter técnico y de adecuación a la normativa básica estatal y no afectan a los pilares ni a los objetivos fundamentales de la Ley de Vivienda de Andalucía.

La consejera ha defendido la colaboración entre administraciones «tanto en la respuesta ante los incendios como en la recuperación posterior de las zonas afectadas». En este sentido, ha señalado que los trabajos más urgentes estarán dirigidos a reducir la pérdida de suelo y los procesos erosivos que puedan producirse con las precipitaciones. «La mejor respuesta frente al incendio comienza mucho antes de que aparezca el fuego», ha indicado Fina Martínez.