Jesús Redondo El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2026 , una norma de urgencia que permitía a los inquilinos de vivienda habitual solicitar hasta dos años adicionales de prórroga en sus contratos de arrendamiento, con la actualización de la renta limitada al dos por ciento. La justificación de la medida era la presión inflacionista derivada del conflicto en Irán y su impacto en el precio de la energía.