Jimena Sanchez

Durante décadas, en México convivimos con una ficción cómoda para muchos e incómoda para casi todas las personas trabajadoras: el contrato colectivo de trabajo de protección. La mecánica era sencilla y silenciosa. Una persona empleadora firmaba un contrato colectivo de trabajo con un sindicato afín, antes incluso de contratar a la primera persona trabajadora, o poco después, sin que ésta supiera de su existencia.

En el mes en el que conmemoramos el Día de la Madre, me atrevo a escribir este artículo como madre de un hijo neurodivergente. Alguien preocupada por el futuro profesional que le aguarda a la distancia. Detrás de cada vacante que no se publica con criterios incluyentes hay una persona que se preparó, que quiere trabajar, que tiene algo que aportar y que enfrenta una puerta cerrada antes siquiera de llegar a la entrevista. Eso no es mala suerte.

El pasado mes de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional que nos llevará a una jornada laboral de 40 horas a la semana en el año 2030. Sin duda, un cambio sustancial a disposiciones que tenían décadas de no actualizarse. Esta noticia no debería ser una sorpresa. La discusión lleva activa desde hace años y los indicios del rumbo que tomaría la política laboral en este sexenio eran inequívocos desde la campaña.