Juanita Vélez Falla

“Nazareth tiene que cambiar, Nazareth tiene que mejorar”, dice con un micrófono una líder indígena, en un salón desocupado por el que pasa un perro bostezando. La voz sale por un parlante por el que la gente de esta comunidad indígena de 1 080 habitantes en la Amazonía colombiana, y de las etnias Tikuna y Cocama, se entera de todo lo que pasa aquí: los horarios de las clases de danza, las jornadas de atención en salud, los anuncios de reuniones políticas, y los suicidios.

Hacia la semana santa de este año, el pasado marzo, varios campesinos del departamento del Guaviare recibieron una particular visita. Hombres y mujeres llegaron a sus fincas con un formulario en la mano. Encabezado con el logo del Estado Mayor Central (EMC), una de las dos grandes sombrillas de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, se trataba de un “censo poblacional” que incluía preguntas sobre las tierras de esos campesinos.