El proceso hace parte de una serie de medidas excepcionales tomadas en Ecuador desde abril de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró oficialmente que el país vive un conflicto armado interno. Entre los deportados estarían condenados por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro, hurto, entre otros delitos, y que no han cumplido ni el 50% de su pena.