La Comisión Europea ha ampliado el procedimiento de infracción abierto sobre España que convulsionó la parte final de la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell en junio del año pasado. Aunque la exigencia de Bruselas no afecta ni se refería exactamente a la operación que terminó frustrándose en el tramo final de 2025, sí suponía una advertencia sobre la normativa que se aplica en el país en cuanto a fusiones y adquisiciones, que no está debidamente actualizada.