Rafael Cerdá Vera

La expansión del narcotráfico en el sur de España ha dejado de ser un fenómeno marginal. Cuando el crimen organizado se exhibe, corrompe el entorno y empieza a cobrarse la vida de quienes lo combaten, la cuestión ya no afecta solo a la seguridad de una frontera: compromete la autoridad del Estado y la salud moral de la sociedad. Hay momentos en la vida de un país en los que el peligro deja de ocultarse y empieza a parecer normal.

Mientras el Gobierno activaba un amplio dispositivo ante la llegada del crucero afectado por el hantavirus, Huelva despedía a dos guardias civiles muertos en la persecución de una narcolancha. El contraste revela una verdad que ya no admite demora: policías y guardias civiles afrontan cada día riesgos extremos, sostienen la seguridad colectiva con un alto coste personal y merecen un reconocimiento real, digno y sin agravios comparativos.