En una sociedad cada vez más digitalizada, la firma de documentos de manera presencial supone, en muchos casos, una barrera para agilizar trámites y reducir costos. Es allí donde la firma digital emerge como una herramienta clave. Si bien este recurso cuenta con validez legal en la Argentina desde 2001, su adopción nunca terminó de masificarse. ¿Los motivos? La obligación de trasladarse a una oficina para validar la identidad del solicitante y los altos costos de los dispositivos físicos (tokens).