La histórica y contundente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (STXG) que ha dado la razón a entidades vecinales y ecologistas en su lucha contra la contaminación en las aguas en A Limia provocada por las macrogranjas es, sobre todo, un retrato de incumplimientos de las dos Administraciones condenadas por su "inactividad" al respecto, la Xunta y el Gobierno de España.