Las asociaciones de personas con discapacidad están en pie de guerra por las dificultades para acceder a la ayuda fiscal de 1.200 euros anuales a la que tendrían derecho debido a su situación. Desde 2006 no se incrementa, y Pedro Sánchez, que accedió al Gobierno en 2018, también ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de este colectivo, así como de la recomendación del Defensor del Pueblo para actualizar el límite salarial a la inflación creciente y poder acogerse a esta deducción fiscal.