Las sentencias no están para agradar a la opinión pública. Tampoco para satisfacer a los gobiernos, a la oposición o a los medios de comunicación. Están para aplicar el Derecho. Y, sin embargo, hay resoluciones que, además de ser jurídicamente correctas, tienen la enorme responsabilidad de ser comprendidas por la sociedad. La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Ábalos es una de ellas. Paradójicamente, la polémica no ha nacido de la condena del exministro ni de la de Koldo García.