Nuestro Parlamento vive esta legislatura demediado. El Gobierno ha impedido, incumpliendo su obligación anual de presentar un proyecto de ley de Presupuestos, que este órgano ejerza una de las funciones que le hacen reconocible. La Constitución, que presume lealtad en sus actores, no prevé sanción para esta quiebra, pero, en una comunidad con una razonable voluntad de Constitución, el presidente tendría que haber disuelto las Cámaras. No es el caso.